El objetivo de esta Ley 2/2023 es crear unos cauces de información a través de los cuales una persona física que, en el contexto laboral, conozca de una infracción del Derecho de la Unión Europea o infracciones penales o administrativas graves o muy graves, pueda denunciarlo sin sufrir represalias por ello. Para ello, establece la creación un sistema interno de información así como otros canales externos en donde se pueden denunciar dichas infracciones.
De acuerdo con el artículo 13.1 letra e) las corporaciones de Derecho público están obligadas a tener un sistema interno de información, por lo que este Consejo General va a desarrollar e implementar lo establecido en dicha Ley. Con ello se pretende cumplir con el artículo 2 de la Ley, permitiendo que se las personas conocedoras de dichas infracciones puedan denunciarlas de manera segura, dentro del anonimato y sin temor a represalias.
Se puede acceder a información relevante sobre el sistema interno de información, el responsable del sistema, los derechos del informante, la política de protección de datos y el procedimiento de gestión de las comunicaciones recibidas.
Para la presentación de estas informaciones, dispone de las siguientes vías:
- Mediante el acceso al CANAL INTERNO
- Por correo postal remitido a la dirección siguiente:
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía
Av. Juan Pablo II nº 5, local 1
41011 Sevilla
Att: Responsable del sistema interno de información: Carlos Loring Lasarte
- De manera presencial solicitando cita para ello con una semana de antelación. La reunión será grabada en un formato seguro y bajo el adecuado tratamiento de sus datos personales.
La Ley establece, también, la creación de un canal externo de información y el nombramiento de una Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Toda persona física podrá informar ante dicha Autoridad, o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes, de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, ya sea directamente o previa comunicación a través del correspondiente CANAL INTERNO.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el órgano competente es la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción